martes, 12 de junio de 2018

Abuso en la frontera: la tragedia de los niños separados de sus padres

El secretario de Justicia de los EEUU, Jeff
Sessions, ha implementado una política de
separación de familias en la frontera sur.
Andrés Hernández Alende

En su campaña racista contra los inmigrantes latinoamericanos, el gobierno de Donald Trump ordenó el lunes 11 de junio negar asilo en la frontera sur a los refugiados que vienen huyendo del pandillerismo en América Central.
Trump ha decidido cerrar las puertas a los inmigrantes que se presenten ante las autoridades norteamericanas en la frontera con México en busca de asilo. Ni siquiera se escuchará a los que han escapado de la violencia delincuencial que plaga a Honduras, Guatemala y El Salvador, y ahora también a Nicaragua.
Trump y sus funcionarios han difundido la falacia de la caravana de migrantes que se acerca a los Estados Unidos, como si fuera la invasión de un ejército enemigo. No hay ninguna invasión, y la caravana (un vía crucis del migrante que se realiza todos los años en México) prácticamente se disolvió antes de llegar al río Grande. Cierto: siguen llegando inmigrantes a la frontera, pero en número mucho menor que en el pasado. Y además, no es un esfuerzo concertado, ni un plan contra los Estados Unidos: son hombres, mujeres y niños que huyen de las pandillas criminales que se han adueñado de gran parte de Centroamérica. Es un éxodo desesperado de gentes que huyen de un infierno, en cuya creación las políticas injerencistas de Washington han tenido mucho que ver.
Bajo la dirección de Jeff Sessions, secretario de Justicia (lo de justicia, en este caso, es un sarcasmo), las autoridades de inmigración, convertidas en una especie de Gestapo, han estado separando a los niños de sus padres cuando cruzan la frontera.
Sessions formuló su amenaza en mayo, cuando dijo en un discurso en San Diego, parado cerca de la valla que separa a California de México: “He implementado una política de ‘cero tolerancia’ con la entrada ilegal en nuestra frontera del Suroeste. Si usted cruza esa frontera ilegalmente, lo enjuiciaremos… Si está entrando un niño de contrabando, entonces lo enjuiciaremos a usted y ese niño será separado de usted, como lo requiere la ley”.
Los agentes de inmigración del campeón mundial de la democracia han estado arrebatando a los niños de los brazos de sus padres. ¿Adónde los han llevado? No se sabe con certeza. A centros de detención privados, improvisados en viejos almacenes. O a hogares adoptivos en distintos lugares del país.
Hay que recalcar lo de los centros de detención “privados” para que se observe que detrás de esta política criminal está el afán de lucro, el negocio siempre presente, la ganancia monetaria de unos cuantos que auHay
se benefician del dolor ajeno con la complicidad del gobierno. Siempre la ambición financiera dictando las políticas de Washington.
“Si la gente no quiere que los separen de sus hijos, que no los traigan”, dijo Sessions. ¿Qué quiere el secretario de Justicia? ¿Que se queden en sus países, a merced de las maras, que en Honduras controlan el país desde el golpe de Estado que la derecha le dio al presidente izquierdista Manuel Zelaya en 2009?
Los Estados Unidos son el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Pero Ramina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “los niños nunca deberían ser detenidos debido a razones vinculadas a su situación migratoria o a la de sus padres”.
La actriz Alyssa Milano, una de las campeonas del movimiento #MeToo contra el abuso sexual, expresó que la política de separar a los niños de sus padres “no solo es antinorteamericana, sino inhumana”. Millones de personas en la nación piensan lo mismo, pero el gobierno de Trump es sordo a sus reclamos y mantiene su salvaje intolerancia contra las familias inmigrantes para complacer a una base de apoyo fanática, reaccionaria, racista y despiadada. Al separar a las familias en la frontera, el gobierno norteamericano viola los derechos humanos de personas que debería considerar refugiados, ya que huyen de la violencia y la muerte en Centroamérica. Lo ilegal aquí no es la inmigración, como piensan Trump y sus lacayos. Lo ilegal es la política de separar a los niños de sus padres. Los extremistas de derecha que el presidente Trump ha puesto en el gobierno están arrastrando a esta nación a un abismo de injusticia que nada bueno puede ofrecer.
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viernes, 25 de mayo de 2018

Racismo en la frontera

Un agente de la Patrulla Fronteriza interrogó
a dos mujeres en Montana porque estaban
hablando en español.
Andrés Hernández Alende

Hablar varios idiomas siempre se ha considerado útil y deseable.
Pero a algunos individuos los dominan los prejuicios cuando oyen a alguien hablando en otro idioma. Y esos prejuicios pueden ser peligrosos.
Sucedió en Montana, en un pueblo pequeño llamado Havre, cerca de la frontera con Canadá, el pasado 16 de mayo.
Dos amigas, Ana Suda y Mimi Hernández, fueron tarde en la noche a un establecimiento a comprar leche y huevos. Estaban hablando en español en la fila para pagar, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza se les aproximó y les pidió documentos de identificación. El uniformado interrogó a las mujeres durante 35 o 40 minutos, mientras los clientes observaban con curiosidad, tratando de saber qué estaba pasando.
“Señora, la razón por la que le pedí la identificación es porque entré y vi que ustedes estaban hablando en español, un idioma que no se oye mucho por aquí”, dijo el agente. Suda grabó un video de la conversación en su teléfono celular.
El celoso agente de la ley y el orden seguramente pensó que estaba atrapando a dos inmigrantes indocumentadas en ese rincón del país. Pero resulta que Suda y Hernández son de ascendencia mexicana, pero nacidas en los Estados Unidos. Suda nació en El Paso, Texas, y se crió en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, y luego ha vivido siempre en los Estados Unidos. Y Hernández es oriunda de la región central de California.
El agente de la Patrulla Fronteriza hostigó a dos ciudadanas estadounidenses de nacimiento sencillamente porque estaban hablando español en vez de inglés. Las dos amigas hablan perfectamente ambos idiomas.
Es irónico que el agente dijera que el español es un idioma que se habla poco en esa región, cuando el nombre del estado, Montana, proviene precisamente de una palabra española, montaña.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen autoridad para operar a 100 millas de cualquier frontera estadounidense, pero no pueden detener a nadie sin una sospecha razonable de que se esté cometiendo una infracción de las leyes de inmigración o un delito.
La histeria que el presidente Donald Trump ha creado en torno a una supuesta invasión de inmigrantes (una invasión totalmente falsa) tiene consecuencias muy nocivas. La demagogia nacionalista que caracteriza al gobierno de Trump fomenta actitudes arbitrarias en personas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. Ocurrió en un pueblo pequeño de Montana, pero también puede pasar –y de hecho ha pasado– en grandes ciudades y en aeropuertos internacionales.
La retórica inflamada de Trump contra los inmigrantes se nutre del racismo y está dirigida especialmente hacia los inmigrantes del sur, de América Latina. Es un discurso chovinista pronunciado para complacer a una base ignorante y fanática de seguidores que creen amenazado su modo de vida por la convivencia con otras etnias, con otras culturas. Es a la vez un discurso muy peligroso, que alienta la hostilidad y la discriminación, incluso contra personas nacidas en los Estados Unidos, como Ana Suda y Mimi Hernández, hostigadas por un agente prejuiciado que no debería estar en ese puesto. Combatir el mensaje divisionista, inhumano y racista que se difunde desde la Casa Blanca es una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo.
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lunes, 21 de mayo de 2018

La masacre de Santa Fe

Shutterstock
Andrés Hernández Alende

La violencia volvió a azotar una escuela el pasado 18 de mayo, cuando a un estudiante de 17 años, Dimitrios Pagourtzis, al parecer despechado porque una alumna del plantel no cedía a su acoso, se le ocurrió vestirse con una gabardina negra, armarse con una escopeta y una pistola que pertenecían a su padre, y cometer una masacre en la escuela secundaria de Santa Fe, un pequeño pueblo de Texas.
En lo que va de año, han muerto más personas en escuelas a manos de homicidas armados que soldados norteamericanos en conflictos en el extranjero.
Diez personas cayeron bajo los disparos del joven criminal en Santa Fe: ocho estudiantes y dos profesoras. Entre los muertos estaba la joven que había rechazado al homicida durante meses, Shana Fisher. Tras sufrir el indeseado acoso durante largo tiempo, terminó asesinada por el despiadado hostigador.
Una estudiante paquistaní, que asistía a la escuela de Texas bajo un plan de intercambio estudiantil, también cayó abatida por los balazos del asesino. Sabika Sheikh quería ser diplomática y llevar en alto el nombre de su país. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ofreció a la familia de la joven sus “más profundas condolencias”.
Como en todas las masacres anteriores, los políticos se apresuraron a asegurar que sus “oraciones y pensamientos” están con las víctimas y los dolientes. Pero no es suficiente. Todas las condolencias que puedan expresar son frases huecas que no resuelven nada, un pobre consuelo ante la plaga que devasta a la nación.
En la matanza del Día de San Valentín en una escuela secundaria del condado floridano de Broward, en la que Nikolas Cruz –otro cretino como Pagourtzis con el cerebro derretido por el insano culto de las armas– asesinó a 17 personas, los políticos dijeron que rezarían por las víctimas y que tomarían medidas para que el horror no volviera a pasar. Pero como habían anunciado los que quieren detener las absurdas matanzas en este país, volvió a pasar.
No basta con rezar. Hay que tomar medidas eficaces contra la afición de los norteamericanos por las armas, que ha convertido a los Estados Unidos en el país más violento del mundo desarrollado.
La Segunda Enmienda de la Constitución, redactada en 1791, y que según una interpretación cuestionable garantiza el derecho de los ciudadanos a armarse, es obsoleta y debe ser derogada. La Segunda Enmienda se redactó para que las milicias ciudadanas que combatían a las tropas de la metrópoli británica a fines del siglo XVIII tuvieran sus mosquetes a mano a la hora de enfrentarse a los soldados de la Corona, no para que los ciudadanos del moderno Estado democrático tengan fusiles de guerra en sus garajes. Fusiles que en la mayoría de los casos no se usan para mantener a raya a los delincuentes, sino para cometer matanzas contra personas inocentes y desprevenidas, muchas veces incluso contra los propios familiares. Las armas que el padre de Pagourtzis había adquirido legalmente solo sirvieron para que el estúpido criminal de su hijo asesinara a compañeros de estudios.
Los políticos deben dejar la hipocresía y los rezos a un lado y tomar medidas para controlar eficazmente la malsana proliferación de armas. Eso va a ser muy difícil, porque muchos congresistas se inclinan ante la poderosa Asociación Nacional del Rifle –la asociación que hace propaganda al negocio de las armas–, que los soborna con cuantiosas contribuciones a las campañas electorales. Esos políticos no representan al pueblo, sino a intereses particulares que les forran los bolsillos.
La gente debe acudir a los comicios para sacar de sus puestos a los funcionarios que anteponen las ganancias de los fabricantes de armas a la seguridad y el bienestar general. Las estadísticas no mienten: el índice de asesinatos con armas de fuego en los Estados Unidos supera con creces al de cualquier otra nación desarrollada porque hay demasiadas armas en circulación: más de 300 millones, aproximadamente una por cada habitante del país. Muchos ciudadanos no tienen ningún arma, pero otros acumulan arsenales en sus casas.
Digan lo que digan los mercaderes del negocio de la muerte y los defensores de las armas y de una enmienda constitucional obsoleta, la epidemia de la violencia se cura con un control estricto de los fusiles y las pistolas. La masacre en la escuela de Santa Fe vuelve a demostrar que el problema radica en la tenencia de armas. Esa es la verdad que la sociedad debe entender para actuar en consecuencia.
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domingo, 20 de mayo de 2018

Las protestas de Nicaragua en su contexto

Manifestantes encapuchados quemaron
barricadas de neumáticos a fines de abril
en Managua.
Andrés Hernández Alende

Las protestas en Nicaragua tomaron por sorpresa a muchos. Sin duda el presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, no las vieron venir. Pero en realidad se estaba cociendo un malestar en un país donde la pobreza sigue siendo un mal sin solucionarse mientras algunos privilegiados acumulan riquezas. No muy lejos de las chozas de piso de tierra que el viajero puede ver a lo largo de la carretera desde Managua hacia Costa Rica, las mansiones con piscina y vistas panorámicas al océano Pacífico en San Juan del Sur son una ofensa para muchos. El sueño sandinista de la igualdad no se ha realizado, y los ideales del socialismo del siglo XXI no se han concretado.
Ahora bien, al mismo tiempo no se puede negar que el gobierno de Ortega ha logrado importantes avances sociales. La medicina y la educación son gratis o prácticamente gratis y están al alcance de todos, cosa que no consiguieron o no quisieron establecer los gobiernos liberales que antecedieron a Ortega. Los damnificados en desastres naturales reciben ayuda gubernamental. Se han hecho casas para gente de pocos recursos. Económicamente, Nicaragua ha progresado bajo el gobierno sandinista, mucho más que bajo el Partido Liberal. Cualquiera que haya visitado el país centroamericano en los últimos años habrá visto el cambio, la modernización. Nicaragua sigue siendo una nación pobre, sigue estando lejos del Primer Mundo, pero ha habido un progreso material visible gracias a la cooperación entre el gobierno y el sector empresarial. No en balde ya hay norteamericanos jubilados que se están radicando en Nicaragua, donde el cheque del Seguro Social les rinde muchísimo más que en unos Estados Unidos donde la vida es cada vez más costosa.
Cuando Ortega subió las aportaciones al Seguro Social que deben hacer ciudadanos y empresas, los jóvenes universitarios se rebelaron contra lo que consideraron un abuso y también contra lo que perciben como un estilo de mando autoritario en la casa de gobierno. Los campesinos que van a ser afectados si se construye el canal interoceánico que Ortega ha planeado también salieron a la calle a manifestar su descontento. Ese tajo en medio del istmo posiblemente contaminaría el bellísimo lago Cocibolca, aunque el gobierno diga lo contrario. Y los campesinos perderían sus tierras a cambio de una indemnización que quizá sería insuficiente.
Pero no hay que perder de vista que la clase empresarial saltó en cuanto vio que la reforma del Seguro Social implantada por Ortega les subiría la cotización al 22 por ciento, mientras los jubilados pagarían un 5 por ciento. El capital siempre es egoísta y defiende lo suyo con fiereza.
Poco después que comenzaran las protestas, Ortega dio marcha atrás al aumento de las cotizaciones al Seguro Social. Sin embargo, las protestas no solo siguieron, sino que cobraron fuerza. ¿Por qué? Es evidente que no se trataba solamente de un rechazo al aumento de las cotizaciones. Los rebeldes quieren la salida de Ortega y de su esposa.
Ha habido más de 50 muertos. Muchos han fallecido bajo la represión gubernamental, pero también han caído policías y sandinistas. La derecha acusa al gobierno de todas las muertes. Eso es una mentira, una calumnia para salirse con la suya pase lo que pase. Hay que ver por qué siguieron las protestas después que Ortega canceló la reforma al Seguro Social, por qué ha habido saqueos y quema de negocios. Las investigaciones oficiales deben determinar lo antes posible quiénes organizaron las protestas violentas, quiénes estuvieron detrás de los incendios, los saqueos y las barricadas en las calles. ¿Estudiantes reunidos espontáneamente? Los encapuchados disparando morteros y quemando mercados parecen más bien maleantes a sueldo de intereses que quieren derrocar a Ortega. El 12 de mayo quemaron el Mercado Viejo de Masaya, el mercado de artesanías frecuentado tanto por locales como por numerosos turistas extranjeros, y la alcaldía de esa importante ciudad. ¿Quiénes cometieron esos actos de vandalismo? Hay que aclararlo cuanto antes.
La prensa norteamericana no perdió tiempo en denunciar la represión policial con que el gobierno nicaragüense ha tratado de frenar las protestas, que muchas veces no han sido pacíficas, sino bien violentas. Pero esa prensa debe saber muy bien que en los Estados Unidos, campeón de la democracia, el tiempo que duraría una barricada de neumáticos incendiados en medio de la calle, con encapuchados enardecidos detrás, sería exactamente el tiempo que le tome a la policía llegar hasta allí y disolver la protesta a como dé lugar.
En Nicaragua hay rebeldes que han disparado morteros de fabricación casera contra las autoridades. En los Estados Unidos, la policía abriría fuego inmediatamente contra cualquiera que ose disparar un mortero o lo que sea contra los uniformados.
De manera que Ortega debe dialogar y negociar, por supuesto, en vez de imponer su voluntad, pero que el apasionamiento político no nos impida ver las cosas en su justo contexto. Y sobre todo, que la paz regrese.
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miércoles, 18 de abril de 2018

La frontera prohibida de Donald Trump

Shutterstock

Una valla se extiende a lo largo de la frontera
entre San Diego, en los Estados Unidos, y
Tijuana, en México.
Andrés Hernández Alende

En su batalla incesante contra la inmigración latinoamericana y contra México, el presidente Donald Trump decidió a principios de abril enviar entre 2.000 y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con el vecino del sur.
La alarma del mandatario se disparó cuando se enteró de que una caravana de inmigrantes –en su mayoría procedente de Honduras– cruzaba México rumbo a los Estados Unidos.
En realidad, se trata de una marcha conocida como el Viacrucis del Migrante que se realiza cada año desde 2010 con el propósito de dar a conocer las tribulaciones que sufren los inmigrantes en su ruta hacia el norte. Este año la mayor parte venía huyendo de la miseria y la inseguridad ciudadana en Honduras, males agravados desde el golpe de Estado que los militares le dieron al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 para imponer un gobierno de derecha.
A pesar de los numerosos problemas económicos de Honduras, el gobierno de Zelaya tuvo grandes logros sociales, como dar educación gratis a todos los niños, reducir las tasas de interés bancarias, aumentar el salario mínimo en el 80 por ciento, dar comidas gratis en las escuelas a más de 1.6 millones de niños de familias pobres, integrar a los empleados domésticos al sistema de seguridad social y ayudar a unas 200.000 familias que vivían en condiciones de pobreza extrema, a la vez que suministraba electricidad gratis a los más necesitados. Una serie de mejoras sociales que a la derecha hondureña le resultaba intolerable.
Los gobiernos que siguieron al de Zelaya revirtieron sus conquistas sociales. La pobreza no se ha reducido, y actualmente afecta al 61 por ciento de los 9 millones de hondureños. La desigualdad es enorme, y las angustiosas condiciones de vida empujan a muchos a emigrar. La reelección del presidente derechista Juan Orlando Hernández –una reelección controvertida sobre la que llovieron acusaciones de fraude electoral– causó un estallido de protestas y la consiguiente represión policial. Honduras es un hervidero de problemas sociales del cual el que puede, huye.
La historia de las intervenciones norteamericanas en Centroamérica, casi siempre para instalar o apoyar gobiernos que no eran progresistas, es larga y conocida. Pero al presidente Trump la historia parece tenerlo sin cuidado. Washington podría pagar su deuda con las naciones del istmo tendiéndoles una mano para favorecer su desarrollo económico y poner coto a la violencia, una forma segura de reducir la emigración. En vez de eso, Trump decide militarizar la frontera con México, alarmado ante el peligrosísimo avance de mujeres con niños y de jóvenes en busca de trabajo para ayudar a sus familias.
En realidad, la caravana, según dijo la entidad Pueblo Sin Fronteras, que coordina las marchas de inmigrantes, se desorganizó en México y muy pocos prosiguieron la marcha hacia el norte. Pero el daño ya está hecho. Los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Nuevo México anunciaron el 9 de abril que enviarían 1.600 miembros de la Guardia Nacional a la frontera, hasta que se construya el muro anhelado por Trump que separaría a los Estados Unidos de América Latina. La base de apoyo nacionalista y racista del mandatario se siente complacida por la decisión de su jefe de movilizar a las tropas para cerrar la entrada a los pobres del sur, mientras los acaudalados lavadores de dinero entran por los aeropuertos y compran propiedades de lujo, pagadas en efectivo, en Miami y en Manhattan. La frontera con México sigue siendo, como dijo Carlos Fuentes, “una cicatriz”, la cicatriz de una herida que tarda en cerrar.
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lunes, 9 de abril de 2018

La promesa de las cincuenta capitales

El Museo de Coca-Cola (der.) y el Centennial
Park en la ciudad de Atlanta.
Andrés Hernández Alende

Hace muchos años hice la promesa de visitar las capitales de los cincuenta estados norteamericanos.
Hasta ahora, por diversas razones, no había podido cumplirla. Solo había visitado la capital nacional, Washington. Pero hace unos días, aprovechando unas breves vacaciones, comencé el periplo. Fue casi de casualidad, sin haberlo planeado.
La primera ciudad de la lista que he visitado es Atlanta, la capital del estado de Georgia, la novena área metropolitana de los Estados Unidos, una ciudad fundada en 1837 como un centro de transporte en la intersección de dos líneas ferroviarias. Hoy, Atlanta sigue siendo un importante nudo de comunicaciones y su aeropuerto internacional es el de más tránsito del mundo.
En la atractiva capital visitamos el Centennial Park, un bello parque construido para las Olimpíadas de 1996, en cuyas cercanías se alzan el Museo de Coca-Cola, el Acuario –el mayor del mundo desde que abrió sus puertas en 2005 hasta 2012– y el Centro de Derechos Civiles y Humanos.
El teatro Fox
También visitamos la casa donde nació y se crió Martin Luther King,Jr., el líder del movimiento de los derechos civiles y premio Nobel de la Paz; el Museo de Arte High, el teatro Fox, de impresionante arquitectura árabe, y, en las afueras de Atlanta, subimos la montaña conocida como Stone Mountain. Desde la altura se observa el impresionante paisaje boscoso que rodea a Atlanta, también conocida como “la ciudad en un bosque”.
¿Cuál será la próxima capital? No lo sé, no he hecho ningún plan. Me tomará un tiempo más o menos largo cumplir mi promesa, que llevaré a cabo con más rapidez en cuanto deje de trabajar a jornada completa. Como dijo el filósofo chino Lao-tsé, “un viaje de mil millas comienza con el primer paso”. Ya di el primer paso para cumplir mi promesa. Los tendré al tanto.


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miércoles, 4 de abril de 2018

La batalla inconclusa de Martin Luther King

Monumento al líder de los derechos
civiles Martin Luther King
en Washington.
Andrés Hernández Alende

Hace hoy cincuenta años, el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. caía abatido en Memphis, Tennessee. Un ladrón fugitivo y supremacista blanco, James Earl Ray, lo asesinó de un disparo con un fusil Remington que había comprado unos días antes, usando un nombre falso. King estaba en un balcón del segundo piso del motel Lorraine, junto al reverendo Jesse Jackson y otros activistas. Ray disparó desde una casa de huéspedes al otro lado de la calle.
Muchos –entre ellos los propios hijos de King– no creen esa historia oficial. Piensan que el asesinato del líder afroamericano fue el objetivo de una conspiración del gobierno, y que Ray fue el chivo expiatorio. Ray se declaró culpable en el momento de su arresto, pero más tarde cambió su versión de los hechos y afirmó que formaba parte de una conspiración y que él no había efectuado el disparo mortal. Condenado a 99 años de cárcel, Ray murió en la prisión en 1998.
Hay una similitud entre el penoso episodio de Memphis y la muerte del presidente John F. Kennedy, cinco años antes en Dallas, Texas. Según la versión oficial, un solo hombre, Lee Harvey Oswald, fue el asesino de Kennedy. Pero muchos creen que la verdad apunta a una oscura conspiración y que Oswald –como Ray– fue una cabeza de turco. En ambos casos, la verdad está oculta en una maraña de presuntas conjuras.
King fue a Memphis a solidarizarse con los empleados negros de sanidad pública, que habían iniciado una huelga en protesta por las abusivas condiciones laborales y por la desigualdad que sufrían frente a sus compañeros de trabajo blancos.
La lucha contra la inequidad fue la brújula que guió la tenaz actividad de King. En 1955, dirigió el boicot a los autobuses de la ciudad de Montgomery, en el estado de Alabama, iniciado después que a Rosa Parks, una mujer afroamericana, la arrestaron por negarse a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco. El boicot duró hasta diciembre de 1956, y dio lugar a un fallo del Tribunal Supremo de la nación que declaró inconstitucionales las leyes de Alabama que establecían la segregación racial en los autobuses.
En 1963, después de una larga lucha contra la discriminación, King organizó la Marcha a Washington, donde pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño” el 28 de agosto. “Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: ‘Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales’. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad”, pronunció King ante el monumento a Abraham Lincoln.
La casa donde nació y se crió Martin Luther
King en Atlanta.
Su sueño, en gran medida, se realizó: las ultrajantes leyes que institucionalizaban la discriminación fueron derogadas. Pero el racismo aún no ha desaparecido en la sociedad norteamericana; sigue enquistado en la mente retorcida de individuos que añoran un pasado de injusticia y crueldad, de opresión y desprecio por las personas de piel oscura cuyo trabajo esclavo creó la riqueza nacional y la fortuna de muchas familias hoy acomodadas. La batalla por los derechos civiles todavía no ha concluido.
King recibió el premio Nobel de la Paz en 1964 por combatir la inequidad racial mediante la resistencia pacífica. Su acción no se limitó a lograr la igualdad entre las razas. También luchó contra la guerra de Vietnam y contra la pobreza.
En 1968, planeó una ocupación nacional de Washington por los desposeídos, un movimiento multirracial que se llamó la Campaña de los Pobres y que exigía una Declaración de Derechos Económicos que garantizara la justicia social. King quería que los manifestantes expresaran a los políticos en la capital: “Estamos aquí; somos pobres; no tenemos dinero; ustedes nos hicieron así... y hemos venido para quedarnos hasta que hagan algo al respecto”.
King nunca vio la ocupación de Washington por la gente pobre. El 4 de abril de ese año, una bala asesina segó su vida en Memphis. La campaña de todas formas se llevó a cabo, pero terminó en el fracaso, reprimida por la policía.
Vigilado por el FBI, cuyo jefe, J. Edgar Hoover, consideraba a King un radical, odiado por los racistas, y siempre infatigable en su lucha por la igualdad, King dijo en febrero de 1968, en la iglesia bautista Ebenezer, en Atlanta, como deseaba ser recordado después de su muerte: “Quiero que digan que traté de amar y de servir a la humanidad”. A medio siglo de ese momento aciago, así es justamente como lo recordamos.
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